Número 41 – 1 octubre 2026
La corrupción es probablemente una de las enfermedades más antiguas de la civilización. Cambian sus nombres, sus métodos y sus protagonistas, pero conserva una sorprendente estabilidad histórica. Allí donde aparece una estructura de poder surge también alguien dispuesto a utilizarla en beneficio propio. Donde existe dinero público aparece la tentación de apropiárselo. Donde alguien tiene capacidad para conceder un permiso, adjudicar una obra, perdonar una deuda, modificar una ley o favorecer una carrera profesional, existe la posibilidad de que esa facultad deje de ejercerse en beneficio de la comunidad y comience a utilizarse como mercancía.
La definición más aceptada es sencilla: corrupción es el abuso del poder encomendado para obtener un beneficio privado. Puede tratarse de dinero, pero también de influencia, empleo, contratos, información privilegiada, favores, protección, poder político, promoción profesional o impunidad. La corrupción no necesita siempre un sobre lleno de billetes. A veces basta una llamada telefónica.
La pregunta inquietante es otra: ¿por qué se corrompe el ser humano?
¿Hay algo en nuestra naturaleza que nos empuja hacia ello? ¿Existe una personalidad corrupta? ¿Puede haber una predisposición biológica? ¿Por qué algunas sociedades mantienen niveles relativamente bajos de corrupción mientras otras parecen incapaces de escapar de ella? ¿Por qué personas aparentemente respetables terminan apropiándose de aquello que juraron administrar?
Hablar de «los genes de la corrupción» es, naturalmente, una metáfora. Pero no una metáfora completamente inocente.
Una enfermedad tan antigua como el poder
La corrupción no nació con los partidos políticos, los ayuntamientos ni las democracias modernas. Nació probablemente cuando un ser humano adquirió autoridad sobre otro.
En las primeras civilizaciones encontramos ya leyes contra funcionarios deshonestos, jueces sobornados y administradores que se apropiaban de bienes públicos. Hammurabi (ca. 1810–1750 a. C.) incluyó en su célebre código disposiciones destinadas a castigar abusos de jueces y funcionarios. En Grecia, la compra de voluntades políticas era suficientemente conocida como para preocupar a filósofos y legisladores. Aristóteles (384–322 a. C.) comprendió algo esencial: las instituciones debían diseñarse de forma que los cargos públicos no pudieran convertirse fácilmente en instrumentos de enriquecimiento.
Roma convirtió la corrupción en una de las grandes patologías de su sistema político. Gobernadores que saqueaban provincias, compra de votos, clientelismo, tráfico de influencias y enriquecimiento mediante cargos públicos formaban parte de la vida política de la República tardía. Marco Tulio Cicerón (106–43 a. C.) convirtió algunos procesos por corrupción en piezas maestras de la oratoria judicial.
La Edad Media tampoco fue precisamente un laboratorio de transparencia. Cargos comprados, privilegios concedidos a cambio de dinero, recaudadores abusivos, nepotismo y simonía muestran que cuando las fronteras entre patrimonio público y patrimonio privado son débiles, la corrupción encuentra un terreno extraordinariamente fértil.
El nacimiento del Estado moderno no eliminó el problema. Lo sofisticó.
Con la expansión colonial apareció además una corrupción transnacional asociada a concesiones comerciales, monopolios, extracción de recursos y compra de autoridades locales. La industrialización incorporó nuevas oportunidades: ferrocarriles, minas, petróleo, banca, armamento y grandes infraestructuras. Y el siglo XX añadió ingredientes formidables: presupuestos públicos gigantescos, contratación militar, partidos de masas, financiación electoral, empresas multinacionales, paraísos fiscales y sistemas financieros capaces de desplazar millones en segundos.
La corrupción evolucionó con la civilización. Hoy puede viajar mediante una transferencia electrónica, ocultarse detrás de una sociedad instrumental y reaparecer en otro continente convertida en una propiedad inmobiliaria perfectamente legal.
¿Dónde se concentra la corrupción?
No existe un «pueblo corrupto» por naturaleza. Existen instituciones más o menos vulnerables a la corrupción. Esta distinción es fundamental. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparency International evaluó 182 países y territorios utilizando una escala de 0 —corrupción pública percibida extremadamente elevada— a 100 —niveles percibidos muy bajos—. Los peores resultados se concentran nuevamente en Estados con instituciones débiles, guerras, autoritarismo, pobreza extrema o grave deterioro del Estado de derecho. Entre las posiciones finales aparecen Sudán del Sur, Somalia, Venezuela, Yemen, Libia, Eritrea, Sudán, Nicaragua y Siria.
No es casualidad. La corrupción prospera donde el poder dispone de pocos contrapesos; donde jueces y fiscales carecen de independencia; donde la prensa puede ser intimidada; donde las administraciones dependen de fidelidades personales; donde resulta difícil conocer quién posee una empresa; donde la contratación pública es opaca; donde denunciar supone arruinarse profesionalmente; y, especialmente, donde existe la convicción colectiva de que los poderosos nunca pagan.
En el extremo contrario suelen aparecer democracias con administraciones profesionales, altos niveles de transparencia, prensa libre, sistemas judiciales eficaces y fuerte control social del poder.
La lección es incómoda pero esperanzadora: la corrupción no es un destino cultural inevitable. Es, en gran medida, un producto institucional.
La ecuación de la corrupción
Podríamos formular una ecuación elemental: Corrupción = oportunidad + beneficio + impunidad + justificación moral.
El primer elemento es la oportunidad. Nadie puede vender una decisión que no controla. Por eso determinadas posiciones administrativas, empresariales y políticas poseen especial riesgo: contratación pública, urbanismo, concesiones, subvenciones, regulación económica, energía, defensa, obra pública, sanidad, financiación de partidos y grandes operaciones inmobiliarias.
El segundo es el beneficio. El tercero, decisivo, es la expectativa de impunidad. Un sistema puede aprobar cien leyes anticorrupción. Si los procedimientos duran quince años, las responsabilidades se diluyen, los delitos prescriben o la probabilidad efectiva de condena resulta insignificante, el mensaje psicológico transmitido es devastador: corromperse puede compensar. Pero existe un cuarto componente menos visible: la justificación. El corrupto rara vez se contempla a sí mismo como un villano. «Todo el mundo lo hace.»«El partido necesita financiación.» «Yo he trabajado muchísimo y estoy mal pagado.» «No estoy robando a nadie.» «Es solamente una comisión.» «Si no acepto yo, lo aceptará otro.» «Después de todo lo que he hecho por esta empresa, me lo merezco.»
La OCDE ha estudiado precisamente estos mecanismos de autojustificación. Las personas son mucho menos coherentes en sus decisiones éticas de lo que creen; los eufemismos, la dilución de responsabilidades, las normas del grupo y la reinterpretación del beneficio obtenido permiten preservar una imagen moralmente aceptable de uno mismo mientras se realizan actos objetivamente deshonestos.
Esta es una de las claves psicológicas de la corrupción. Antes de corromper una institución, el corrupto necesita corromper el significado de sus propios actos.
¿Existe una personalidad corrupta?
No existe un diagnóstico psiquiátrico denominado «personalidad corrupta». Tampoco todos los corruptos presentan el mismo perfil psicológico. Pero determinados rasgos pueden facilitar determinadas formas de comportamiento corrupto. El narcisismo favorece el sentimiento de excepcionalidad: las reglas son para los demás. El maquiavelismo facilita una concepción instrumental de las personas: los seres humanos dejan de ser fines y se convierten en medios. La baja empatía disminuye el coste emocional de perjudicar a desconocidos. La búsqueda intensa de recompensa aumenta el atractivo del dinero, el estatus y el poder. La desinhibición facilita decisiones arriesgadas. La ausencia de culpa permite repetirlas. Y determinados rasgos antisociales pueden hacer extraordinariamente fácil utilizar instituciones, personas y recursos sin experimentar demasiada preocupación por las consecuencias. Pero sería un error imaginar al corrupto como un psicópata fácilmente reconocible. Muchos corruptos son personas perfectamente funcionales, agradables, familiares, cultas y socialmente integradas. Precisamente ahí reside el problema. La psicología contemporánea ha demostrado que la conducta moral depende no solamente de características individuales sino también del contexto. Las normas del grupo modifican la percepción de lo aceptable. Cuando una persona entra en una organización donde ciertas irregularidades son habituales, su frontera moral puede desplazarse progresivamente. Primero acepta una comida. Después un viaje. Más tarde un regalo. Luego facilita un trámite. Después favorece una adjudicación. Finalmente cobra una comisión.
Pocas carreras corruptas comienzan con un maletín conteniendo un millón de euros. La corrupción suele avanzar mediante pequeñas adaptaciones morales.
¿Y los genes?
Aquí conviene ser especialmente rigurosos. No existe un gen de la corrupción. Sería científicamente absurdo buscar una variante genética cuyo portador estuviera destinado a cobrar comisiones ilegales. Pero eso no significa que la biología sea irrelevante para la conducta moral. Rasgos como impulsividad, búsqueda de recompensa, agresividad, empatía, aversión al riesgo, autocontrol o comportamiento antisocial poseen componentes hereditarios de magnitud variable. Estudios con gemelos muestran contribuciones tanto genéticas como ambientales al comportamiento antisocial y a determinadas actitudes frente a la deshonestidad. Incluso se ha investigado específicamente la heredabilidad de las actitudes hacia conductas cotidianas deshonestas, incluido aceptar sobornos. Pero una predisposición no es una condena. Los genes no firman contratos públicos. Los genes no adjudican autopistas. Los genes no reciben sobres. Entre el genotipo y la conducta existen cerebro, educación, familia, cultura, experiencia, normas sociales, oportunidades, instituciones, premios y castigos.
El concepto científicamente interesante no sería, por tanto, «gen de la corrupción», sino vulnerabilidad biológica interactuando con ecosistemas permisivos. Una persona intensamente orientada hacia la recompensa puede convertirse en un extraordinario empresario dentro de un sistema competitivo transparente o en un depredador institucional dentro de un sistema donde comprar políticos resulte rentable. El ambiente decide qué conductas premia. Y los seres humanos aprendemos rápidamente.
El gran laboratorio de la política
La política constituye un territorio particularmente vulnerable porque concentra tres poderosos incentivos humanos: dinero, poder y reconocimiento. Además, administra algo que no pertenece directamente a quien decide: el patrimonio colectivo. Gastar cien mil euros propios exige prudencia. Gastar cien millones de euros públicos puede convertirse en una operación administrativa. Esa distancia psicológica entre quien decide y quien paga facilita el abuso. La corrupción política adopta numerosas formas: financiación ilegal, comisiones, contratos amañados, nepotismo, tráfico de influencias, puertas giratorias, subvenciones dirigidas, manipulación urbanística, utilización partidista de instituciones, nombramientos clientelares o intercambio de favores. Pero existe una corrupción todavía más peligrosa que robar dinero público: capturar las reglas que determinan cómo se distribuye ese dinero.
El Banco Mundial denomina state capture a las formas de corrupción capaces de distorsionar el funcionamiento de las instituciones y determinar quién las controla. Sus efectos económicos y sociales pueden superar ampliamente los de un simple soborno. Cuando una empresa compra un contrato existe corrupción. Cuando consigue que la legislación se redacte para garantizarle contratos durante veinte años, el problema es mucho mayor. La corrupción madura no necesita infringir la ley. A veces consigue escribirla.
España: ni infierno ni ejemplo
Hablar seriamente de corrupción en España exige evitar dos tentaciones: afirmar que España es un país esencialmente corrupto o fingir que el problema es marginal. Ninguna de las dos cosas es cierta. El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 sitúa a España en 55 puntos sobre 100 y en el puesto 49 de 182 países, un punto menos que en 2024. Para una democracia europea desarrollada, no es una posición satisfactoria. España dispone de jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, prensa libre, órganos fiscalizadores y una sociedad civil capaces de detectar numerosos casos. Precisamente la aparición pública de escándalos demuestra que existen mecanismos de control. Pero detectar corrupción no equivale a haber construido un sistema suficientemente resistente frente a ella.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa —GRECO— ha venido reclamando mejoras relativas a altos cargos, asesores, conflictos de intereses, transparencia e integridad institucional. En su seguimiento más reciente señaló que España debía intensificar los esfuerzos y producir resultados tangibles en diversas recomendaciones pendientes.
La Comisión Europea examina igualmente de manera periódica el marco anticorrupción español dentro de su evaluación del Estado de derecho. Pero quizá el problema español más profundo no pueda medirse exclusivamente contando condenas. Es la colonización partidista de espacios que deberían pertenecer a la competencia profesional. Cuando el mérito pierde terreno frente a la proximidad política; cuando administraciones, empresas públicas, organismos, fundaciones o asesorías se convierten en extensiones de redes partidistas; cuando cada cambio de gobierno implica colocar nuevas cohortes de fieles; cuando la frontera entre institución y partido se vuelve borrosa, quizá no todo sea corrupción penal. Pero existe degradación institucional. Y una democracia puede degradarse mucho antes de que aparezca un delito.
La corrupción que no vemos
Tenemos una visión cinematográfica de la corrupción: empresarios oscuros, políticos codiciosos, maletines, cuentas en Suiza. La realidad contemporánea es bastante más elegante. Existen consultorías. Intermediarios. Fundaciones. Sociedades instrumentales. Contratos de asesoramiento. Conferencias extraordinariamente bien pagadas. Consejos de administración. Puertas giratorias. Familiares contratados. Información privilegiada. Lobbies. Paraísos fiscales. Y ejércitos de abogados, asesores fiscales, banqueros y especialistas capaces de separar jurídicamente al beneficiario final del origen del dinero.
El Banco Mundial advierte precisamente de una paradoja fundamental: buena parte de la corrupción más costosa de los países pobres no podría funcionar sin empresas, instituciones financieras y profesionales de países ricos capaces de pagar, transferir, esconder o blanquear los beneficios obtenidos. Por tanto, dividir el planeta entre países corruptos y países honrados puede resultar engañoso. Un país puede exportar corrupción y después importar el dinero resultante.
El precio real
La corrupción no roba solamente dinero. Roba calidad institucional. Una carretera adjudicada por corrupción puede costar el doble. Un hospital construido mediante favoritismo puede disponer de menos recursos para atender pacientes. Una plaza concedida por clientelismo expulsa a alguien más competente. Una subvención entregada a un amigo impide financiar un proyecto mejor. Un medicamento adquirido por influencia puede desplazar otro más eficaz. Un regulador capturado puede tolerar riesgos que terminarán pagando miles de ciudadanos. Por eso los efectos de la corrupción son acumulativos.
El Banco Mundial señala que deteriora la confianza en el gobierno, debilita el contrato social, desincentiva la inversión y perjudica el crecimiento y el empleo; además, sus costes afectan proporcionalmente más a los pobres. Pero existe un daño todavía más difícil de cuantificar: la destrucción de la meritocracia. Cuando una generación observa que estudiar, trabajar y competir limpiamente ofrece menos posibilidades que disponer de contactos adecuados, aprende una lección devastadora. El talento emigra. El mediocre se adapta. El oportunista prospera. Y el ciudadano termina concluyendo que todos son iguales. Ese es quizá el triunfo definitivo del corrupto: conseguir que la sociedad deje de creer que la honradez existe.
La corrupción como infección
La corrupción posee una característica epidemiológica. Es contagiosa. Cuando alguien comprueba que otro se enriquece ilícitamente sin consecuencias, disminuye su propia resistencia moral. Si el superior lo hace, el subordinado encuentra una justificación. Si el partido contrario roba, el propio puede presentarlo como compensación. Si todos cobran, quien no cobra comienza a parecer ingenuo.
Las investigaciones conductuales analizadas por la OCDE muestran hasta qué punto las normas sociales y la conducta de nuestros semejantes condicionan las decisiones éticas. La impunidad funciona entonces como un agente infeccioso. Por eso combatir la corrupción exclusivamente mediante códigos éticos es ingenuo. Los códigos no sienten miedo. Las personas sí. Y una arquitectura anticorrupción eficaz necesita transparencia, trazabilidad, controles independientes, protección real de denunciantes, profesionalización administrativa, auditorías inteligentes, contratación pública abierta, declaraciones de intereses verificables, identificación de beneficiarios finales y una Justicia capaz de resolver procedimientos complejos en tiempos razonables.
La tecnología puede ayudar enormemente. Cruces automatizados de bases de datos, algoritmos para detectar patrones anómalos de contratación, trazabilidad digital del gasto y sistemas abiertos de información permiten descubrir relaciones que antes exigían años de investigación. Pero ninguna tecnología sustituirá algo mucho más elemental: la voluntad política de limitar el propio poder. Y ahí comienza la dificultad.
El corrupto perfecto
El corrupto más peligroso no es necesariamente quien roba más. Es quien consigue convencer a los demás de que aquello que hace es normal. Domina el lenguaje. Una comisión se convierte en «honorarios». El nepotismo en «persona de confianza». La puerta giratoria en «incorporación de talento». El amiguismo en «sensibilidad política». El despilfarro en «inversión estratégica». La propaganda en «comunicación institucional». La captura partidista en «normalidad democrática». Las palabras limpian aquello que los hechos ensucian. Y cuanto más sofisticada es una sociedad, más sofisticado puede ser el vocabulario utilizado para ocultar sus abusos.
Los verdaderos genes de la corrupción
Quizá podamos regresar ahora al título. Los genes de la corrupción existen, pero no están escritos con las cuatro letras del ADN. Se llaman codicia, oportunidad, impunidad, narcisismo, tribalismo, clientelismo, silencio, miedo y autoengaño. Algunos pertenecen a nuestra psicología. Otros pertenecen a nuestras instituciones. Y los más peligrosos aparecen cuando ambos grupos se encuentran. La naturaleza humana probablemente no cambiará demasiado. Siempre habrá personas intensamente ambiciosas, narcisistas, oportunistas o dispuestas a aprovechar una posición privilegiada. Por eso una democracia adulta no puede depender de la bondad de sus gobernantes. Debe depender de la calidad de sus instituciones.
James Madison (1751–1836), uno de los padres constitucionales estadounidenses, comprendió hace más de dos siglos la paradoja fundamental del poder: si los seres humanos fueran ángeles, los gobiernos no serían necesarios; y si quienes gobernasen fueran ángeles, tampoco serían necesarios controles sobre ellos. No somos ángeles. Por eso necesitamos controles. La corrupción no desaparecerá mediante discursos morales ni creando otra oficina burocrática. Disminuirá cuando robar resulte difícil, ocultarlo todavía más difícil y ser descubierto tenga consecuencias ciertas; cuando el mérito vuelva a valer más que la amistad; cuando un funcionario pueda denunciar sin destruir su carrera; cuando jueces, fiscales, policías, periodistas y organismos fiscalizadores puedan investigar al poderoso sin pedir permiso; cuando sepamos quién financia a quién, quién contrata con quién y quién termina beneficiándose de cada decisión pública.
Pero existe además una responsabilidad ciudadana. Porque la corrupción tiene dos protagonistas: quien ofrece y quien acepta. Y frecuentemente un tercero: quien sabe y calla. Una sociedad que condena al político que acepta una comisión, pero admira al empresario que consiguió enriquecerse pagándola, posee un problema moral. Una sociedad que denuncia el nepotismo del adversario y justifica el propio posee otro. Y una sociedad que solamente considera corrupción aquello que practica el partido contrario está empezando a perder sus defensas inmunológicas.
Quizá la batalla decisiva contra la corrupción no se libre en los tribunales. Empieza mucho antes. Se libra en la educación, en la familia, en la empresa, en la universidad, en los partidos, en las administraciones y en nuestra tolerancia cotidiana hacia pequeñas formas de deshonestidad. Porque ningún país está genéticamente condenado a ser corrupto. Pero ninguno está genéticamente protegido contra la corrupción. Las instituciones son el epigenoma de la democracia: pueden silenciar nuestras peores tendencias o facilitar su expresión. Y cuando una sociedad permite durante demasiado tiempo que se expresen la codicia, el clientelismo y la impunidad, acaba ocurriendo algo mucho más grave que el robo de dinero público. Se corrompe la idea misma de lo público. Entonces el ciudadano deja de considerar el Estado como algo que le pertenece y comienza a contemplarlo como un botín disputado por grupos rivales. Y cuando eso sucede, la corrupción deja de ser simplemente un delito. Se convierte en cultura. Ese es el momento verdaderamente peligroso. Porque encarcelar a un corrupto es relativamente sencillo. Descorromper una cultura puede necesitar generaciones.
Lo que la historia apunta sobre poder, degradación moral y perversión de las instituciones
John Emerich Edward Dalberg-Acton, Lord Acton (1834–1902), en una carta a Mandell Creighton, el 5 de abril de 1887, publicada posteriormente en Historical Essays and Studies (1907), dice: «El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.» Probablemente sea la frase más famosa jamás escrita sobre la relación entre poder y corrupción. Acton no afirma que todo poder corrompa inevitablemente, sino algo mucho más sutil: que existe una tendencia inherente al poder a modificar la conducta de quien lo ejerce. Cuanto mayor es el poder, menores suelen ser los obstáculos externos que obligan al individuo a controlar sus impulsos. La posibilidad de decidir sin rendir cuentas facilita progresivamente la identificación entre voluntad personal e interés general. El gobernante comienza creyendo que representa a la institución y puede terminar creyendo que él mismo es la institución. De ahí que la concentración de poder constituya uno de los mayores factores de riesgo para la corrupción política. La democracia moderna intenta precisamente neutralizar este peligro mediante separación de poderes, elecciones, prensa libre, tribunales independientes, fiscalización y transparencia. Acton introduce además una idea moral extraordinariamente exigente: los poderosos no merecen indulgencia adicional por ocupar cargos importantes. Al contrario, cuanto mayor sea el poder concedido, mayor debe ser la responsabilidad exigida. La frase conserva plena actualidad porque recuerda que una democracia sana no debe construirse confiando en la virtud de sus gobernantes, sino limitando institucionalmente su capacidad para abusar del poder.
Aung San Suu Kyi (1945–), en un ensayo titulado Freedom from Fear, difundido internacionalmente en 1991 y publicado ese año, total o parcialmente, por The Times Literary Supplement, The New York Times, Far Eastern Economic Review y otros medios, señala: «No es el poder lo que corrompe, sino el miedo. El miedo a perder el poder corrompe a quienes lo ejercen, y el miedo al castigo del poder corrompe a quienes están sometidos a él.» Esta reflexión introduce una corrección fascinante a la célebre máxima de Lord Acton. Para Suu Kyi, la raíz profunda de la corrupción no sería simplemente poseer poder, sino temer perderlo. El gobernante que considera el poder indispensable para su supervivencia personal comienza a justificar cualquier procedimiento destinado a conservarlo. Manipula instituciones, compra lealtades, castiga discrepancias, controla información y transforma al adversario político en enemigo. Pero la frase posee una segunda dimensión todavía más inquietante: también puede corromperse quien vive sometido al poder. El miedo convierte al ciudadano en cómplice mediante silencio, obediencia o colaboración oportunista. Aparece entonces una sociedad donde muchas personas saben que algo está mal, pero nadie desea asumir el coste de denunciarlo. Así se explica por qué los sistemas profundamente corruptos pueden mantenerse durante décadas, aunque una gran parte de la población conozca perfectamente su funcionamiento. La corrupción deja entonces de ser exclusivamente codicia y se convierte en mecanismo de supervivencia. La frase recuerda que combatir la corrupción exige no sólo perseguir al corrupto, sino construir instituciones donde decir la verdad no implique pagar por ello.
Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689–1755), escribe en De l’esprit des lois (El espíritu de las leyes)(1748): «La corrupción de cada gobierno comienza casi siempre por la corrupción de sus principios.» Montesquieu desplaza la corrupción desde el terreno del delito hacia el terreno mucho más profundo de la legitimidad institucional. Un Estado puede conservar aparentemente sus parlamentos, tribunales, elecciones y leyes y, sin embargo, haber comenzado a corromperse. La degeneración empieza cuando las instituciones continúan existiendo formalmente pero dejan de cumplir la finalidad para la cual fueron creadas. Un parlamento que sólo obedece a las cúpulas partidistas conserva el nombre de parlamento, pero pierde parte de su función representativa. Un organismo regulador capturado por aquellos a quienes debería regular mantiene sus oficinas, pero ha corrompido su principio. Una justicia sometida al poder político puede conservar jueces, códigos y tribunales mientras pierde progresivamente su independencia. Esta forma de corrupción es particularmente peligrosa porque puede desarrollarse dentro de una aparente legalidad. No requiere necesariamente sobres, sobornos ni cuentas bancarias clandestinas. Basta con que las instituciones comiencen a servir intereses diferentes de aquellos que justificaron su creación. Montesquieu nos advierte así de que la corrupción política más grave puede comenzar mucho antes de que aparezca el primer delito.
Claude-Frédéric Bastiat (1801–1850), en el capítulo «Physiologie de la spoliation», en la obra Sophismes économiques (1848), advierte: «Cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres en sociedad, con el tiempo crean un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica.» Bastiat identifica una fase superior de la corrupción: aquella en la que el corrupto ya no necesita violar la ley porque consigue modificarla. La corrupción primitiva roba infringiendo las normas. La corrupción sofisticada cambia las normas para que el beneficio privado adquiera apariencia de legalidad. Este fenómeno explica muchas formas modernas de captura regulatoria, privilegios económicos, monopolios protegidos y legislación diseñada para intereses particulares. Cuando determinados grupos acumulan suficiente influencia, pueden convertir sus privilegios en derechos aparentemente legítimos. Después aparece una segunda operación todavía más eficaz: construir una justificación moral. El privilegio se presenta como necesidad económica; el favoritismo como política estratégica; la apropiación de recursos como defensa del interés general. De esta manera, la frontera entre corrupción e institucionalización del privilegio comienza a desaparecer. Bastiat comprendió que una sociedad puede llegar incluso a glorificar aquello que inicialmente habría considerado abuso. Su reflexión resulta especialmente pertinente para comprender la denominada «corrupción legal», quizá una de las formas más difíciles de combatir porque formalmente nadie ha infringido ninguna norma.
Edmund Burke (1729–1797), ofrece una reflexión recogida bajo el epígrafe «Moral Levellers» en selecciones de sus discursos y escritos: «Entre un pueblo generalmente corrompido, la libertad no puede existir durante mucho tiempo.» Burke introduce un elemento incómodo porque desplaza parte de la responsabilidad desde los gobernantes hacia la sociedad. Es fácil imaginar la corrupción como una enfermedad exclusiva de las élites políticas. Pero ningún sistema corrupto de grandes dimensiones puede mantenerse indefinidamente sin redes de colaboración social. Alguien paga el soborno, alguien falsifica el documento, alguien conoce la irregularidad, alguien obtiene el contrato y alguien decide guardar silencio. Cuando esas conductas dejan de producir rechazo y empiezan a considerarse normales, la corrupción se transforma en cultura. La libertad necesita ciudadanos capaces de exigir responsabilidad, respetar normas y rechazar privilegios incluso cuando podrían beneficiarse personalmente de ellos. Una sociedad que condena el nepotismo del adversario y celebra el propio termina debilitando las bases morales de su democracia. La corrupción generalizada destruye además la confianza interpersonal, imprescindible para el funcionamiento de instituciones complejas. El ciudadano termina sospechando que todo éxito es resultado de influencias y toda decisión pública esconde algún interés. Burke recuerda así que preservar la libertad requiere instituciones honestas, pero también una cultura ciudadana incompatible con la corrupción cotidiana.
Publio Cornelio Tácito (ca. 56–ca. 120), en el capítulo 27, libro III, de sus Annales, obra redactada aproximadamente entre 110 y 120 d.C., anticipa: Corruptissima re publica plurimae leges («Cuanto más corrupta es la República, más numerosas son las leyes»). Esta frase tiene casi dos mil años y resulta sorprendentemente moderna. Tácito observó que multiplicar las leyes no garantiza necesariamente una sociedad más justa. La hiperregulación puede ser incluso síntoma de que los principios elementales de responsabilidad han dejado de funcionar. Cada nuevo abuso genera entonces otra norma, otro procedimiento, otro formulario y otro organismo de control. Pero el corrupto profesional aprende rápidamente a desenvolverse dentro de esa complejidad. Incluso puede beneficiarse de ella, porque cuanto más complicado es un sistema, mayor es la necesidad de intermediarios y mayor la posibilidad de esconder decisiones. La lucha contra la corrupción no consiste, por tanto, simplemente en producir legislación anticorrupción. Necesita normas claras, aplicables, fiscalizadas y acompañadas de consecuencias reales. Un Estado con miles de prohibiciones pero escasa capacidad para hacerlas cumplir puede ser menos eficaz que otro con pocas reglas inequívocas. Tácito anticipó así una paradoja política fundamental: la proliferación normativa puede convertirse en la máscara detrás de la cual continúa funcionando exactamente aquello que pretendía impedir.
Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469–1527), en Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (Discursos sobre la primera década de Tito Livio), redactados principalmente entre 1513 y 1519 y publicados póstumamente en 1531, recapitula: «Un pueblo corrupto que se hace libre sólo con grandísima dificultad puede conservar su libertad.» Maquiavelo comprendió que cambiar un régimen político es mucho más sencillo que transformar los hábitos adquiridos durante décadas. Una democracia recién establecida puede heredar las redes clientelares, lealtades personales y formas de enriquecimiento del régimen anterior. Cambian las instituciones, pero permanecen las conductas. Esta observación resulta esencial para comprender las dificultades de muchas transiciones políticas contemporáneas. Celebrar elecciones no convierte automáticamente una sociedad en una democracia institucionalmente madura. Si continúan el nepotismo, el favoritismo, la compra de voluntades y la apropiación partidista de la administración, la corrupción puede adaptarse perfectamente al nuevo sistema. Incluso puede adquirir legitimidad electoral. La libertad política requiere por ello algo más que constituciones: necesita costumbres democráticas y ciudadanos que consideren intolerable la utilización privada de lo público. Maquiavelo percibe la corrupción como una alteración profunda de los hábitos colectivos. Y esa intuición explica por qué reconstruir instituciones después de décadas de corrupción puede requerir generaciones.
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), en Du contrat social (El contrato social)(1762), entiende que «nada es más peligroso que la influencia de los intereses privados en los asuntos públicos.» Rousseau señala uno de los núcleos conceptuales de la corrupción moderna: la invasión del interés público por intereses particulares. Toda democracia necesita aceptar que ciudadanos, empresas y asociaciones poseen intereses legítimos. El problema aparece cuando alguno de ellos adquiere capacidad desproporcionada para convertir su interés privado en decisión pública. Es la frontera entre representación y captura. Un empresario puede legítimamente defender los intereses de su empresa; lo problemático comienza cuando puede escribir la regulación que deberá cumplir su competencia. Un partido puede nombrar responsables políticos; la perversión comienza cuando considera toda la administración patrimonio del vencedor electoral. Un sindicato, asociación profesional o corporación puede defender a sus miembros; la corrupción institucional aparece cuando su capacidad de presión destruye el interés general. Rousseau nos obliga a preguntar ante cualquier política pública: ¿quién obtiene realmente el beneficio? Esa pregunta continúa siendo uno de los mejores instrumentos intelectuales para detectar corrupción encubierta. Muchas decisiones aparentemente técnicas adquieren una interpretación completamente diferente cuando se identifica quién gana con ellas.
Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948), en la lista de los «siete pecados sociales» publicada en Young India el 22 de octubre de 1925, cita: «Política sin principios; riqueza sin trabajo; placer sin conciencia; conocimiento sin carácter; comercio sin moralidad; ciencia sin humanidad; culto sin sacrificio.» Gandhi difundió una lista que había recibido de un corresponsal y cuyo antecedente se encuentra en un sermón del clérigo Frederick Lewis Donaldson. Esta célebre enumeración merece una precisión histórica: Gandhi la popularizó, pero no parece haber sido su creador original. Su valor conceptual, sin embargo, es extraordinario. Cada fórmula describe una separación entre capacidad y responsabilidad. La política sin principios se convierte en simple lucha por el poder. La riqueza sin trabajo puede degenerar en extracción de rentas y privilegios. El conocimiento sin carácter permite que personas extraordinariamente inteligentes utilicen su capacidad para finalidades moralmente destructivas. El comercio sin moralidad convierte cualquier beneficio en justificable mientras sea rentable. Y la ciencia sin humanidad recuerda que el conocimiento técnico no contiene por sí mismo una brújula ética. La corrupción prospera precisamente cuando medios y fines quedan moralmente desconectados. La lista constituye por ello una magnífica anatomía de las condiciones sociales que permiten que personas respetables participen en sistemas profundamente injustos.
Georges Bernanos (1888–1948), en Les derniers essais (Los últimos ensayos), obra póstuma publicada en 1955, pone de manifiesto que «la primera señal de corrupción en una sociedad que todavía está viva es que el fin justifica los medios.» Bernanos identifica quizá el mecanismo psicológico más poderoso utilizado para legitimar la corrupción. Pocas personas desean considerarse inmorales. Por eso el ser humano necesita construir una narración que transforme su comportamiento cuestionable en una acción necesaria. El político financia ilegalmente su partido «para defender una causa justa». El funcionario favorece a un conocido porque «es la persona adecuada». El gobernante manipula una institución porque «el adversario sería todavía peor». El empresario paga una comisión porque «de otro modo nadie puede hacer negocios». Cuando el objetivo se considera suficientemente noble, cualquier procedimiento comienza a parecer aceptable. Ese razonamiento destruye progresivamente los límites morales que protegen una sociedad. Bernanos advierte que la corrupción empieza precisamente cuando dejamos de preguntarnos si un procedimiento es correcto y sólo preguntamos si resulta útil. Cuando los medios dejan de importar, la política puede terminar justificando prácticamente cualquier cosa.
En una conferencia sobre Abraham Lincoln pronunciada en 1883 y publicada en Unity en abril de 1883, Robert Green Ingersoll (1833–1899), dijo: «La mayoría de las personas puede soportar la adversidad; pero si quieres saber realmente cómo es un hombre, dale poder. Ésa es la prueba suprema.» Esta frase merece figurar aquí también por una curiosidad histórica: suele atribuirse erróneamente a Abraham Lincoln. Ingersoll la pronunció hablando precisamente de Lincoln y de su comportamiento ante el enorme poder que acumuló durante la Guerra Civil estadounidense. La distinción entre adversidad y poder es psicológicamente extraordinaria. La adversidad examina nuestra resistencia; el poder examina nuestros límites morales. Una persona sin poder puede parecer humilde simplemente porque carece de oportunidades para imponer su voluntad. Cuando adquiere autoridad descubrimos si respetaba verdaderamente las normas o solamente estaba obligado a obedecerlas. El poder proporciona recursos, subordinados, información, capacidad de premio y capacidad de castigo. Por ello constituye un magnífico revelador del carácter. La corrupción aparece cuando el individuo interpreta esas facultades institucionales como prolongaciones de su patrimonio personal. Ingersoll nos recuerda que no conocemos completamente el carácter de un gobernante hasta comprobar qué hace cuando posee la posibilidad real de abusar de su autoridad.
Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain (1835–1910), en Pudd’nhead Wilson’s New Calendar, incorporado a ediciones de Following the Equator (1897), ironiza: «Probablemente podría demostrarse con hechos y cifras que no existe una clase criminal genuinamente americana excepto el Congreso.» Twain utiliza aquí el arma que manejó como pocos escritores: el sarcasmo. Naturalmente, no pretendía formular una clasificación criminológica de los miembros del Congreso estadounidense. Su objetivo era denunciar la distancia que puede aparecer entre respetabilidad institucional y comportamiento moral. La ironía funciona precisamente porque quienes redactan las leyes pueden terminar siendo beneficiarios de sistemas que serían intolerables para cualquier ciudadano corriente. Twain desconfiaba profundamente de la pomposidad con la que el poder suele revestirse. Su humor despoja al político de ceremonial y obliga a juzgarlo como a cualquier otra persona. Ésta es una idea esencial para combatir la corrupción: el cargo no santifica al individuo. La legitimidad democrática tampoco concede inmunidad moral. Una institución merece respeto precisamente porque sus integrantes están sometidos a normas más exigentes, no porque puedan situarse por encima de ellas. El humor político cumple así una importante función democrática: pinchar la burbuja de solemnidad que con demasiada frecuencia protege al poder de la crítica.
James Madison (1751–1836), en The Federalist No. 51, publicado el 6 de febrero de 1788, propone: «Hay que hacer que la ambición contrarreste a la ambición.» Madison ofrece probablemente una de las respuestas institucionales más inteligentes jamás formuladas frente al riesgo de corrupción del poder. No propone encontrar gobernantes moralmente perfectos. Parte exactamente de la premisa contraria: los seres humanos tienen intereses, ambiciones y debilidades. Una buena Constitución debe diseñarse contando con ellas. Por eso el poder necesita otro poder capaz de vigilarlo. El ejecutivo controla determinadas funciones, el legislativo otras y los tribunales deben poder revisar los abusos de ambos. La prensa, la oposición política, los organismos fiscalizadores y la sociedad civil añaden nuevas barreras. El objetivo no consiste en eliminar la ambición humana, algo probablemente imposible, sino utilizarla para impedir la concentración del poder. Esta filosofía resulta fundamental para cualquier política anticorrupción seria. La democracia madura no pregunta únicamente «¿podemos confiar en esta persona?», sino una cuestión mucho más importante: «¿qué ocurrirá si no podemos confiar en ella?».
Eric Arthur Blair, George Orwell (1903–1950), en la novela Nineteen Eighty-Four (1984), publicada en 1949, declara: «El poder no es un medio; es un fin. […] El objeto del poder es el poder.» Orwell lleva la lógica del poder corrupto hasta su conclusión más aterradora. Habitualmente los gobernantes justifican su poder mediante una finalidad externa: prosperidad, seguridad, revolución, igualdad, patria o justicia. En la distopía orwelliana desaparece incluso esa coartada. El poder reconoce que su única finalidad verdadera es perpetuarse. Esta idea permite comprender determinados procesos de corrupción política que inicialmente parecen contradictorios. Partidos nacidos para reformar instituciones pueden terminar apropiándose de ellas una vez alcanzado el gobierno. Movimientos creados para combatir privilegios pueden crear nuevos privilegios destinados a sus propios dirigentes. El instrumento acaba sustituyendo al objetivo original. Mantener la organización, controlar cargos y conservar el poder se convierte entonces en una finalidad autónoma. Orwell nos ofrece una advertencia radical: cuando una estructura política empieza a considerar su supervivencia más importante que los principios que justificaron su existencia, la corrupción institucional ya ha comenzado.
Kofi Atta Annan (1938–2018), en su discurso como Secretario General de las Naciones Unidas con motivo de la adopción por la Asamblea General de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el 31 de octubre de 2003, afirmaba: «La corrupción es una plaga insidiosa que produce una amplia gama de efectos corrosivos sobre las sociedades.» La importancia de esta frase reside en presentar la corrupción no como un delito aislado sino como una enfermedad sistémica. La metáfora de la «plaga» describe correctamente su capacidad para extenderse entre instituciones. Una adjudicación corrupta no termina en el dinero apropiado indebidamente. Puede producir peores infraestructuras, servicios públicos deficientes, competencia empresarial desleal y pérdida de confianza ciudadana. Annan subrayaba que la corrupción debilita la democracia y el Estado de derecho, distorsiona los mercados y facilita otras amenazas para la seguridad humana. Además, sus consecuencias no se distribuyen equitativamente. Quienes disponen de recursos pueden encontrar alternativas privadas ante servicios públicos deteriorados; los pobres dependen mucho más de ellos. Por eso la corrupción constituye también un mecanismo de producción y perpetuación de desigualdad. Cada euro desviado tiene un coste de oportunidad: algo que debería haberse construido, investigado, financiado o atendido deja de hacerse. La definición de Annan permite comprender finalmente que luchar contra la corrupción no es solamente perseguir delincuentes: es proteger la democracia, la economía, la igualdad de oportunidades y la dignidad del ciudadano.
Una reflexión final
Leídas conjuntamente, estas quince frases producen una conclusión bastante más profunda que la simple condena moral del soborno. Acton identifica el peligro del poder. Suu Kyi, el miedo a perderlo. Montesquieu, la degradación de los principios. Bastiat, la legalización del saqueo. Burke, la corrupción de la propia sociedad. Tácito, la impotencia de multiplicar leyes cuando las instituciones están degradadas. Maquiavelo, la dificultad de recuperar la libertad una vez que la corrupción se ha convertido en costumbre. Rousseau, la colonización de lo público por intereses privados. Gandhi, la separación entre capacidad y responsabilidad moral. Bernanos, la justificación de medios inmorales mediante fines aparentemente nobles. Ingersoll, el poder como prueba del carácter. Twain, la necesidad de despojar al gobernante de cualquier inmunidad moral. Madison, la construcción de contrapesos institucionales. Orwell, el poder convertido en finalidad autónoma. Y Annan, finalmente, nos muestra el resultado: una enfermedad sistémica capaz de corroer simultáneamente democracia, economía, justicia y convivencia. Quizá todas puedan condensarse en una sola idea: La corrupción comienza cuando alguien descubre que puede utilizar en beneficio propio un poder que le fue confiado para servir a los demás; se consolida cuando comprueba que puede hacerlo impunemente; y triunfa definitivamente cuando la sociedad deja de escandalizarse.
Ramón Cacabelos,
Catedrático de Medicina Genómica