Número 29 – 23 abril 2026
En democracia, la palabra de un político no es un simple acto de comunicación: es un ejercicio de responsabilidad pública. Cada intervención, cada discurso, cada declaración en los medios debería responder a un principio básico: hablar para todos. Sin embargo, con demasiada frecuencia asistimos a un fenómeno preocupante: el uso de los altavoces públicos no para construir ciudadanía, sino para alimentar a la parroquia.
El término no es casual. La política contemporánea ha convertido a los seguidores en fieles, y a los discursos en sermones. No se argumenta, se predica. No se busca convencer, se pretende reafirmar. Y en ese tránsito, el adversario deja de ser interlocutor para convertirse en enemigo. Este es el primer gran error: confundir la defensa legítima de una ideología con la descalificación sistemática de quienes no la comparten.
Un político en democracia es, ante todo, un servidor público. Tiene derecho —y casi la obligación— de defender sus ideas. Pero ese derecho se acompaña de una exigencia moral ineludible: respetar las ideas ajenas. Cuando ese equilibrio se rompe, la política se degrada en propaganda y el debate se convierte en ruido.
Ese ruido no es casual. Forma parte de un repertorio cada vez más reconocible. El primero de sus elementos es la mentira convertida en norma. No como excepción, sino como estrategia. Se dice lo que conviene, aunque no sea cierto, porque el objetivo no es informar sino movilizar emociones.
Le sigue la deformación de la realidad. Los hechos se retuercen, se seleccionan o se exageran hasta encajar en el relato propio. La complejidad desaparece y el mundo se divide en buenos y malos. Es más sencillo, más eficaz, pero profundamente deshonesto.
Cuando la presión aumenta o las críticas arrecian, aparece el tercer recurso: el ruido mediático. Se lanza una polémica, se sobreactúa una declaración, se introduce un tema incendiario. El objetivo es claro: desviar la atención. Que no se hable de lo importante, sino de lo urgente.
A todo ello se suma una carencia más profunda: la falta de honradez entendida no solo como ausencia de corrupción, sino como desinterés por el bien común. Demasiados dirigentes parecen olvidar que su posición no es un privilegio personal, sino un encargo colectivo. Piensan en su supervivencia política antes que en el interés general de quienes les pagan y sostienen.
El deterioro se agrava con la falta de respeto al conjunto del arco parlamentario. En una democracia plural, el Parlamento no es un campo de batalla moral, sino un espacio de representación diversa. Deslegitimar al adversario no solo empobrece el debate, sino que erosiona las bases mismas del sistema.
Quizá una de las actitudes más reveladoras sea la tendencia a atribuirse una superioridad moral. Cada cual se presenta como guardián de la verdad, como defensor de lo justo frente a la supuesta perversión del contrario. Sin embargo, basta un mínimo ejercicio de honestidad para reconocer que todos, en mayor o menor medida, incurren en los mismos errores que denuncian.
A ello se añade el incumplimiento sistemático de promesas. Las campañas electorales se llenan de compromisos que luego se diluyen en la práctica del poder. Y aunque la realidad obliga a matizar, la sensación de engaño persiste, alimentando el desencanto ciudadano.
Pero quizá el rasgo más preocupante sea la orientación selectiva del mensaje. Se habla para los propios, para los convencidos, para quienes ya aplauden. Se ignora deliberadamente al resto. Es un error de base: quien gobierna no representa a su electorado, sino al conjunto del país. Si una idea es verdaderamente válida, debería aspirar a ser comprendida —y eventualmente aceptada— más allá de la propia parroquia.
Este sesgo conduce inevitablemente al sectarismo. La política se convierte en un espacio de identidades cerradas, donde el diálogo es sustituido por la confrontación permanente. Se pierde así la posibilidad de construir consensos, que es, en última instancia, el corazón de la democracia.
En este contexto, los nacionalismos excluyentes merecen una mención particular. Cuando una identidad territorial se erige en valor absoluto y pretende imponerse al conjunto, se rompe el equilibrio entre diversidad y cohesión. La defensa de lo propio es legítima; la negación de lo común, no.
El resultado de todo ello es un empobrecimiento del discurso público. La política deja de ser un espacio de deliberación racional para convertirse en un escenario de consignas. Y las consignas, por definición, simplifican, dividen y excluyen.
Frente a esta deriva, conviene recordar lo esencial: la democracia no se sostiene solo en las urnas, sino en la calidad del debate. Argumentar en lugar de gritar. Escuchar en lugar de imponer. Respetar en lugar de descalificar. Son principios básicos, casi obvios, pero cada vez más escasos.
Un político que cree de verdad en sus ideas no necesita refugiarse en la parroquia. Debe aspirar a que su mensaje tenga valor universal, a que pueda ser defendido con razones, no con consignas. Porque gobernar no es convencer a los convencidos, sino representar a todos. Y ahí, precisamente ahí, es donde hoy la política muestra sus mayores miserias.
Ramón Cacabelos,
Catedrático de Medicina Genómica