Número 36 – 2 julio 2026
La salud entre el derecho público, el mercado y la economía de la enfermedad
La medicina ocupa un lugar singular en la historia moral de la humanidad. Pocas actividades han recibido una legitimidad social tan elevada, pocas profesiones han estado tan íntimamente asociadas a la idea de servicio, y pocas instituciones han logrado construir un vínculo tan profundo con la esperanza colectiva. Desde sus orígenes hipocráticos hasta la biomedicina molecular del siglo XXI, la medicina ha sido presentada como una alianza entre conocimiento y compasión, entre ciencia y cuidado, entre técnica y humanidad. Su finalidad parecía indiscutible: aliviar el sufrimiento, curar cuando fuese posible, acompañar cuando la curación ya no estuviese al alcance de la ciencia.
Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido una transformación silenciosa, profunda y todavía insuficientemente debatida. La medicina ha dejado de ser únicamente una profesión, una institución social y un sistema de protección colectiva para convertirse también en una de las mayores industrias del planeta. La salud se ha incorporado plenamente a la lógica económica global. Hoy es mercado, inversión, patente, facturación, capitalización bursátil, presupuesto público, deuda autonómica, prima de seguro, coste de oportunidad, riesgo actuarial y promesa tecnológica. El lenguaje de la medicina ya no se limita a síntomas, diagnósticos y tratamientos; incluye también eficiencia, cartera de servicios, rentabilidad, cuota de mercado, valor añadido, sostenibilidad financiera y retorno de inversión.
Esta mutación no es necesariamente ilegítima. La medicina moderna exige recursos extraordinarios. Desarrollar un medicamento, mantener un hospital de alta complejidad, financiar una unidad de cuidados intensivos, implantar una terapia génica, operar con robótica quirúrgica o secuenciar genomas a gran escala requiere capital, organización, tecnología e industria. Sin economía no hay medicina moderna. Pero el problema comienza cuando esa economía deja de ser instrumento y se convierte en principio rector; cuando la lógica del cuidado queda subordinada a la lógica de la facturación; cuando la enfermedad deja de ser sólo un drama humano para convertirse también en una oportunidad de mercado.
La magnitud económica del fenómeno es difícil de exagerar. El gasto sanitario mundial supera ya el 10% del producto interior bruto global. En las economías avanzadas, la sanidad representa una de las mayores partidas de gasto público y privado. Estados Unidos destina en torno al 17% o 18% de su PIB a salud; Alemania y Francia se mueven en cifras superiores al 11%; España se sitúa alrededor del 10% si se consideran conjuntamente gasto público y privado. Estas cifras significan que la medicina no es un sector más dentro de la economía contemporánea, sino uno de sus ejes estructurales. Si el sistema sanitario global fuese una nación independiente, competiría con las mayores economías del mundo.
En España, el Sistema Nacional de Salud constituye uno de los grandes logros sociales de la democracia. Ha ofrecido durante décadas cobertura universal, buenos indicadores de salud, una esperanza de vida entre las más altas del mundo y una razonable eficiencia comparativa frente a modelos mucho más caros. Pero ese éxito contiene también su propia fragilidad. La sanidad pública española se financia esencialmente mediante impuestos y se gestiona en gran medida a través de las comunidades autónomas. En muchas de ellas, el gasto sanitario absorbe entre un tercio y cerca del 40% del presupuesto total. Si se agregan dependencia, servicios sociales y otros compromisos asistenciales, el margen financiero disponible para educación, investigación, vivienda, infraestructuras o innovación productiva se estrecha de forma progresiva. La sanidad no sólo cura cuerpos; también reordena silenciosamente el presupuesto del Estado.
El problema no reside en que se gaste mucho en salud. Una sociedad civilizada debe gastar en salud. El verdadero problema consiste en saber qué tipo de salud estamos financiando. Porque existe una diferencia fundamental entre una economía orientada a producir salud y una economía organizada en torno a la gestión permanente de la enfermedad. La primera invertiría prioritariamente en prevención, educación sanitaria, nutrición, ejercicio, salud mental comunitaria, detección racional de riesgos, medicina personalizada responsable y reducción de desigualdades. La segunda, en cambio, se alimenta de consultas sucesivas, diagnósticos acumulativos, tratamientos crónicos, tecnologías de alto coste, medicalización de la vida cotidiana y dependencia farmacológica prolongada.
La medicina contemporánea parece haber elegido, en buena medida, el segundo camino. No porque los médicos lo hayan decidido así, ni porque exista una conspiración deliberada, sino porque los incentivos económicos, políticos e institucionales empujan en esa dirección. La prevención produce beneficios lentos, difusos, difíciles de atribuir y políticamente poco rentables. La enfermedad, en cambio, genera actividad inmediata, consumo medible, facturación concreta, empleo visible, presupuestos justificables e innovación patentable. Prevenir una diabetes ahorra dinero al sistema dentro de diez o veinte años; tratarla con fármacos, analíticas, consultas, complicaciones cardiovasculares, nefropatía, retinopatía y hospitalizaciones produce gasto sanitario desde mañana mismo. La paradoja es brutal: desde el punto de vista social, la prevención es superior; desde el punto de vista del mercado, la enfermedad crónica es mucho más interesante.
Durante buena parte del siglo XX, la medicina combatió fundamentalmente enfermedades agudas. Infecciones, traumatismos, complicaciones quirúrgicas, partos de riesgo, epidemias y enfermedades que mataban pronto si no se intervenía. El modelo asistencial estaba organizado para responder a episodios relativamente delimitados. El paciente enfermaba, era tratado y, con suerte, se recuperaba. Hoy la situación epidemiológica ha cambiado radicalmente. Las enfermedades infecciosas han cedido protagonismo en los países desarrollados a patologías crónicas, degenerativas y asociadas al envejecimiento: hipertensión, diabetes, obesidad, insuficiencia cardíaca, cáncer, deterioro cognitivo, Alzheimer, Parkinson, enfermedad renal crónica, depresión, artrosis, fragilidad y pluripatología.
Desde el punto de vista humano, este cambio expresa un triunfo de la civilización médica: vivimos más años. Desde el punto de vista económico, representa una presión financiera formidable. Una enfermedad aguda tiene un coste concentrado; una enfermedad crónica tiene un coste acumulativo. Un paciente hipertenso puede consumir medicamentos durante cuarenta años. Un diabético puede requerir tratamiento farmacológico, controles periódicos, pruebas complementarias, atención a complicaciones y, eventualmente, hospitalizaciones de alto coste. Un paciente con demencia avanzada puede precisar años de cuidados médicos, sociales y familiares, con un coste que rebasa ampliamente la contabilidad sanitaria estricta. La enfermedad crónica no sólo consume recursos del sistema sanitario; reorganiza la vida económica de las familias, reduce productividad, genera dependencia y desplaza costes hacia cuidadores invisibles.
El envejecimiento demográfico intensifica este proceso. España es uno de los países más longevos del mundo. La población mayor de 65 años representa ya alrededor de una quinta parte del total y, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, podría superar el 30% hacia mediados de siglo. Este dato no es una simple curiosidad demográfica; es una revolución presupuestaria. Las sociedades jóvenes financian sanidad, pensiones y dependencia con una base laboral amplia. Las sociedades envejecidas deben sostener un volumen creciente de gasto asistencial con una proporción menor de población activa. La medicina, en este contexto, deja de ser sólo una política pública sectorial y se convierte en el centro del contrato intergeneracional.
La Comisión Europea lleva años advirtiendo que el envejecimiento presionará al alza el gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. Pero las proyecciones, por rigurosas que sean, tienden a formularse en un lenguaje técnico que oculta la crudeza política del problema. La cuestión de fondo es si los Estados podrán seguir prometiendo todo a todos, en cualquier circunstancia, con independencia del coste, sin revisar prioridades, modelos de financiación, políticas de prevención y criterios de valor clínico. Ningún sistema económico puede sostener indefinidamente una demanda ilimitada financiada con recursos limitados. Y la medicina moderna, por razones comprensibles, tiende a generar una demanda potencialmente ilimitada: siempre hay una prueba más que realizar, un biomarcador más que medir, una terapia más que intentar, una tecnología más que incorporar, una esperanza más que ofrecer.
Esta dinámica se observa con especial claridad en la industria farmacéutica. El medicamento es uno de los grandes símbolos de la modernidad médica. Ha salvado millones de vidas, ha transformado enfermedades mortales en procesos controlables y ha permitido avances extraordinarios en oncología, enfermedades infecciosas, inmunología, neurología y patologías raras. Sería absurdo demonizar a la industria farmacéutica en bloque. Sin empresas capaces de invertir, desarrollar, ensayar, producir y distribuir medicamentos a escala global, una parte esencial de la medicina contemporánea sencillamente no existiría.
Pero reconocer la importancia de la industria no obliga a aceptar sin crítica su modelo económico. El mercado farmacéutico global supera ampliamente el billón de dólares anual y continúa creciendo. Las grandes compañías farmacéuticas presentan ingresos superiores al producto interior bruto de muchos países pequeños y medianos. Sus beneficios se justifican habitualmente por el alto coste de la investigación y desarrollo, por el riesgo de fracaso durante los ensayos clínicos y por la necesidad de financiar innovación futura. El argumento contiene verdad, pero no toda la verdad. Una parte relevante de la investigación básica que alimenta la innovación farmacéutica procede de universidades, hospitales públicos, centros nacionales de investigación y fondos gubernamentales. La ciencia inicial se socializa con frecuencia; la patente final se privatiza.
El precio de los medicamentos se ha convertido en uno de los grandes dilemas éticos y financieros de nuestro tiempo. Algunos tratamientos oncológicos superan los cien mil euros anuales por paciente. Ciertas terapias génicas se han comercializado con precios superiores a los dos millones de dólares por administración. Fármacos biológicos para enfermedades raras o patologías inmunológicas pueden alcanzar cifras que tensionan incluso a sistemas sanitarios robustos. El argumento de la innovación no basta por sí solo para resolver la pregunta esencial: ¿cuánto debe pagar una sociedad por prolongar una vida, mejorar una función biológica o retrasar una progresión clínica? Y, sobre todo, ¿quién debe decidirlo?
Durante mucho tiempo, la medicina evitó formular explícitamente esta pregunta porque parecía moralmente incómoda. La vida humana, se decía, no tiene precio. Pero los presupuestos públicos sí lo tienen. Todo sistema sanitario, aunque no lo admita, raciona. Raciona mediante listas de espera, mediante criterios de financiación, mediante guías clínicas, mediante disponibilidad territorial, mediante edad, mediante indicaciones aprobadas o mediante demoras diagnósticas. La diferencia entre un sistema ético y uno injusto no está en si raciona o no, sino en si lo hace de manera transparente, racional, equitativa y basada en valor clínico real.
El problema se agrava cuando la fijación de precios responde menos al coste de producción o al valor terapéutico objetivo que a la capacidad de pago del sistema y a la protección monopolística de la patente. La patente farmacéutica nació como un mecanismo razonable para recompensar la innovación. Pero cuando se combina con enfermedades graves, demanda inelástica y financiación pública, puede convertirse en una maquinaria de extracción de rentas. El paciente no negocia; el médico prescribe; el Estado paga; la compañía factura. En ese triángulo, el precio pierde la disciplina habitual del mercado. Nadie compra un fármaco oncológico como compra un teléfono móvil. Nadie compara serenamente precios cuando está en juego la supervivencia de un hijo.
Esta asimetría explica por qué la medicina no puede organizarse como un mercado ordinario. En el mercado convencional, el consumidor decide, compara, aplaza o renuncia. En medicina, el paciente suele estar asustado, vulnerable, mal informado y dependiente del criterio profesional. Además, la mayor parte del gasto no la paga directamente quien consume el servicio, sino un tercero: el Estado, una aseguradora o un sistema mutual. Esta separación entre decisión clínica, consumo y pago genera incentivos complejos. Puede favorecer el acceso universal, pero también el sobreuso. Puede proteger al paciente, pero también ocultar el coste real de cada intervención. Puede garantizar equidad, pero también alimentar una demanda ilimitada si no existen criterios rigurosos de pertinencia.
La medicalización de la sociedad constituye otro componente esencial del negocio de la medicina. En las últimas décadas se ha ampliado de forma notable el territorio de lo diagnosticable. Experiencias humanas antes consideradas parte de la vida —tristeza, duelo, timidez, cansancio, envejecimiento, variaciones de conducta infantil, pérdida de deseo, inseguridad corporal— han sido progresivamente reinterpretadas en clave médica, psicológica o farmacológica. Este proceso no debe caricaturizarse. Muchos trastornos antes ignorados merecen reconocimiento y tratamiento. La depresión grave, la ansiedad incapacitante o el trastorno por déficit de atención pueden producir sufrimiento real y requieren ayuda profesional. Pero el riesgo aparece cuando la frontera entre sufrimiento normal y patología se desplaza de manera continua hasta convertir la vida entera en una sucesión de condiciones tratables.
La expansión diagnóstica amplía mercados. Cada nuevo umbral clínico puede convertir a millones de personas sanas en pacientes potenciales. Si se reduce el nivel considerado normal de colesterol, presión arterial, glucemia, densidad ósea o cualquier otro biomarcador, aumenta de inmediato la población susceptible de intervención. Algunas de estas intervenciones estarán justificadas; otras ofrecerán beneficios marginales a costa de gasto, ansiedad y efectos adversos. La medicina preventiva puede salvar vidas, pero también puede transformarse en medicina anticipatoria excesiva, donde el individuo sano vive bajo sospecha permanente de enfermedad futura.
El diagnóstico precoz, uno de los grandes dogmas de la medicina moderna, comparte esta ambivalencia. Detectar antes puede ser decisivo en muchas enfermedades. Pero detectar más no siempre significa curar más. Las tecnologías actuales identifican anomalías moleculares, lesiones mínimas, incidentalomas radiológicos y riesgos probabilísticos que quizá nunca habrían producido síntomas. Una vez descubierto un hallazgo, se desencadena una cadena difícil de detener: nuevas pruebas, consultas, biopsias, vigilancia, tratamientos preventivos, angustia psicológica y gasto acumulado. El sobrediagnóstico no es una ficción académica; es una consecuencia inevitable de mirar cada vez con mayor resolución biológica un organismo lleno de imperfecciones.
La medicina tecnológica alimenta otra forma de inflación sanitaria. Cada generación incorpora dispositivos más sofisticados, técnicas de imagen más precisas, cirugías menos invasivas, biomarcadores más especializados, plataformas digitales, inteligencia artificial y medicina personalizada. La innovación mejora resultados, pero raramente sustituye de manera completa a lo anterior; suele añadirse. El nuevo escáner no elimina todos los anteriores. La nueva prueba molecular no suprime necesariamente las pruebas convencionales. El nuevo fármaco se suma a combinaciones terapéuticas cada vez más complejas. Así, la medicina avanza por acumulación, y esa acumulación tiene un coste.
La genómica y la inteligencia artificial representan el próximo gran territorio económico. La secuenciación del genoma, que hace dos décadas era extraordinariamente cara, se ha abaratado hasta convertirse en una herramienta accesible para investigación, diagnóstico y medicina personalizada. Este avance abre posibilidades enormes: identificar riesgos, ajustar tratamientos, evitar reacciones adversas, seleccionar terapias oncológicas, comprender enfermedades raras y diseñar estrategias preventivas individualizadas. Pero también inaugura una nueva economía de los datos biológicos. El genoma humano, los historiales clínicos, los biomarcadores, las imágenes médicas y los registros de vida digitalizada se han convertido en activos de valor incalculable.
La pregunta ya no es sólo quién paga la medicina, sino quién posee la información que la medicina genera. Los datos sanitarios son la materia prima de la próxima revolución biomédica. Pueden servir para curar mejor, pero también para segmentar riesgos, diseñar productos, excluir asegurados, orientar publicidad, entrenar algoritmos privados y construir monopolios informacionales. La medicina personalizada podría convertirse en una medicina más precisa y humana, o en un mercado hipersegmentado donde cada individuo sea definido por su perfil molecular de consumo sanitario.
España se encuentra ante esta encrucijada con fortalezas y debilidades. Cuenta con un sistema público de amplia cobertura, profesionales altamente cualificados, buenos indicadores de esperanza de vida y una red asistencial extensa. Pero arrastra problemas estructurales: listas de espera, infradotación de atención primaria, fragmentación autonómica, déficit de evaluación económica, escasa inversión preventiva, rigidez administrativa, politización de la gestión y una relación a menudo ambigua con la innovación farmacéutica. El gasto farmacéutico en recetas del Sistema Nacional de Salud supera los 13.000 millones de euros anuales, a los que hay que añadir el consumo hospitalario de medicamentos, especialmente relevante en oncología, inmunología y terapias avanzadas. La factura real del medicamento es, por tanto, mucho mayor que la que percibe el ciudadano cuando retira una receta en la farmacia.
El copago farmacéutico, los precios de referencia y la negociación centralizada han permitido contener parcialmente el gasto, pero no resuelven el problema de fondo. La presión principal procede de medicamentos innovadores de alto coste, del aumento de pacientes crónicos y de la incorporación continua de nuevas indicaciones terapéuticas. A ello se suma una expectativa social creciente: los ciudadanos consideran razonable recibir la mejor tecnología disponible, el último fármaco aprobado y la máxima rapidez asistencial. Esa expectativa es comprensible, pero financieramente explosiva si no se acompaña de una deliberación pública sobre prioridades.
La atención primaria debería ser el gran dique de contención de esta inflación sanitaria. Una atención primaria fuerte previene, coordina, filtra, acompaña y evita hospitalizaciones innecesarias. Sin embargo, en muchos sistemas, incluido el español, la atención primaria continúa infrafinanciada en comparación con el peso simbólico y presupuestario del hospital. El hospital concentra tecnología, prestigio, poder profesional y visibilidad política. Inaugurar un hospital produce rédito electoral; reforzar programas comunitarios de prevención cardiovascular o salud mental produce resultados más lentos y menos fotografiables. El sistema, por tanto, tiende a financiar lo espectacular antes que lo eficaz.
La prevención sigue siendo la gran contradicción económica de la medicina contemporánea. Sabemos que la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, la mala alimentación, la contaminación, la soledad y el estrés crónico son determinantes fundamentales de enfermedad. Sabemos que una parte sustancial de la carga cardiovascular, metabólica, respiratoria, oncológica y neurodegenerativa podría reducirse mediante políticas públicas sostenidas. Pero los presupuestos sanitarios dedican una proporción mínima a prevención y salud pública en comparación con el gasto asistencial. Dicho de manera provocadora: gastamos fortunas en tratar enfermedades que en parte hemos permitido fabricar socialmente.
Porque la enfermedad no nace sólo en los genes ni en los órganos. Nace también en supermercados llenos de productos ultraprocesados, ciudades diseñadas para el sedentarismo, trabajos precarios, contaminación ambiental, desigualdad educativa, soledad urbana, publicidad alimentaria agresiva y culturas laborales que normalizan el agotamiento. La medicina recibe al final de la cadena lo que la economía produce al principio. Luego se le exige que repare, con fármacos y hospitales, los daños generados por modelos sociales patogénicos. Ésta es una de las grandes hipocresías de nuestro tiempo: pedimos al sistema sanitario que cure lo que otros sectores económicos enferman.
Analizar la medicina como negocio obliga, por tanto, a ampliar el foco. No se trata sólo de la industria farmacéutica. También existe una industria alimentaria que contribuye a la epidemia de obesidad; una industria tecnológica que favorece sedentarismo, adicción atencional y alteraciones del sueño; una industria laboral que produce estrés crónico; una industria cosmética que medicaliza la apariencia; una industria aseguradora que convierte el riesgo en producto financiero; una industria de la longevidad que promete vencer al envejecimiento; y una economía digital dispuesta a monetizar cada dato fisiológico del individuo. La medicina aparece al final como gran reparadora de desequilibrios que la propia economía ha contribuido a crear.
Esta observación no pretende exculpar al sistema sanitario de sus errores. La medicina también genera ineficiencias propias: pruebas redundantes, intervenciones de bajo valor, exceso de prescripción, burocracia, medicina defensiva, duplicidades administrativas, conflictos de interés, formación continuada dependiente de la industria y escasa cultura de evaluación de resultados. En muchos países se calcula que una proporción significativa del gasto sanitario aporta poco o ningún valor clínico. El concepto de “medicina de bajo valor” debería ocupar un lugar central en cualquier reforma. No todo lo técnicamente posible es clínicamente necesario; no todo lo nuevo es mejor; no toda intervención tranquilizadora mejora la salud.
El desafío consiste en reconstruir una economía sanitaria orientada al valor. Valor no significa simplemente ahorro. Significa relación justa entre coste, beneficio clínico, calidad de vida, equidad y sostenibilidad. Un medicamento caro puede ser barato si cura una enfermedad grave, evita hospitalizaciones y devuelve años de vida funcional. Un medicamento barato puede ser caro si se prescribe masivamente sin beneficio real. Una prueba diagnóstica de alta tecnología puede ser eficiente si cambia decisiones terapéuticas relevantes; puede ser un despilfarro si sólo añade incertidumbre. La economía de la salud no debería utilizarse para negar cuidados, sino para distinguir entre lo que cura, lo que alivia, lo que apenas modifica el pronóstico y lo que sólo alimenta actividad.
En este punto, los Estados deben recuperar capacidad estratégica. No pueden limitarse a pagar facturas generadas por mercados sanitarios cada vez más sofisticados. Deben negociar precios con transparencia, exigir evidencia robusta, financiar según resultados reales, promover genéricos y biosimilares, invertir en investigación pública, proteger los datos sanitarios como bien común, fortalecer la atención primaria, evaluar tecnologías antes de incorporarlas y retirar de la cartera pública aquello que no aporte valor. La sostenibilidad no puede basarse sólo en recortes; debe basarse en inteligencia institucional.
También es necesario revisar el contrato moral entre ciudadanía y sistema sanitario. La salud no puede concebirse exclusivamente como un derecho pasivo a recibir tratamientos ilimitados. Debe entenderse también como una responsabilidad colectiva. El Estado debe crear condiciones saludables, regular industrias dañinas y garantizar acceso equitativo. Las empresas deben asumir responsabilidad sobre los efectos sanitarios de sus productos. Los profesionales deben practicar una medicina prudente y basada en valor. Y los ciudadanos deben comprender que un sistema universal sólo puede sobrevivir si se usa con responsabilidad y si acepta límites razonables.
El peligro de no afrontar este debate es doble. Por un lado, los sistemas públicos pueden deteriorarse progresivamente por saturación financiera, listas de espera y pérdida de calidad, abriendo espacio a una privatización silenciosa por desesperación. Por otro, la medicina privada puede expandirse bajo una lógica de consumo, ofreciendo rapidez, confort y tecnología a quienes puedan pagarla, pero no necesariamente mejor salud. El resultado sería una sociedad dual: una sanidad pública sobrecargada para la mayoría y una medicina premium para quienes puedan adquirirla. Esa fractura erosionaría uno de los principios fundamentales de la civilización europea: la idea de que la enfermedad no debe convertirse en castigo económico.
La medicina necesita industria, pero no puede ser gobernada por la industria. Necesita innovación, pero no idolatría tecnológica. Necesita eficiencia, pero no reducción mercantilista de la vida humana. Necesita sostenibilidad, pero no abandono de los vulnerables. Necesita prevenir, pero sin culpabilizar al enfermo. Necesita datos, pero sin convertir la intimidad biológica en mercancía. Necesita mercado en algunos ámbitos, pero debe permanecer anclada en una ética del cuidado.
La tesis central puede formularse así: la crisis económica de la medicina contemporánea no se debe únicamente a que curar sea caro, sino a que hemos construido una economía de la enfermedad mucho más poderosa que una economía de la salud. Hemos aprendido a facturar diagnósticos, tratamientos, procedimientos y riesgos, pero no hemos aprendido con la misma eficacia a financiar entornos saludables, hábitos protectores, educación preventiva, envejecimiento activo y reducción de desigualdades. Celebramos la innovación terapéutica, pero descuidamos la innovación social. Nos fascina la molécula que reduce el peso, pero toleramos durante décadas el modelo alimentario que produce obesidad. Admiramos el anticuerpo monoclonal que retrasa una enfermedad, pero invertimos poco en comprender por qué tantas personas llegan enfermas, solas y frágiles a la vejez.
La medicina del siglo XXI se encuentra, por tanto, ante una decisión histórica. Puede continuar expandiéndose como una industria de reparación cada vez más cara, tecnificada y dependiente del consumo crónico. O puede redefinirse como una política integral de salud, donde la biomedicina avanzada conviva con prevención, equidad, responsabilidad pública y racionalidad económica. La primera opción generará mercados gigantescos, pero sistemas cada vez más tensos. La segunda exigirá reformas difíciles, pero quizá sea la única compatible con la justicia social y la sostenibilidad.
Al final, la pregunta decisiva no es cuánto estamos dispuestos a gastar en medicina, sino qué entendemos por medicina. Si la concebimos como un catálogo ilimitado de productos sanitarios, acabará siendo financieramente insostenible y moralmente desigual. Si la entendemos como una alianza entre ciencia, cuidado, prevención y justicia, todavía puede conservar su grandeza original.
La salud no debería medirse sólo por el volumen de negocio que genera, ni por el número de hospitales construidos, ni por la cantidad de recetas dispensadas, ni por la sofisticación de sus máquinas. Una sociedad verdaderamente avanzada no es aquella que más gasta en enfermedad, sino aquella que consigue que sus ciudadanos necesiten menos medicina para vivir más y mejor. Ése es el cambio de paradigma pendiente. Y quizá también la última oportunidad para impedir que la medicina, nacida para servir al ser humano, termine convirtiendo al ser humano en materia prima de una industria sin límites.
Ramón Cacabelos,
Catedrático de Medicina Genómica